El mandato del pueblo y la división de poderes

Dentro de las más de 300 medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que el miércoles presentó el presidente Javier Milei, hay cuestiones que era urgentes cambiarlas. Otras que pueden llegar a ser básicas para regularizar un mercado distorsionado por la excesiva intromisión del Estado. Hay temas que quizás no tienen el carácter de urgente y hay decisiones que pueden afectar a sectores muy importantes.

Más allá del análisis de cada una de esas cuestiones, hay un tema de formas que es necesario debatir.

No hay dudas que no se puede esperar que el sector político se saque sus privilegios. No hay que ser tan ingenuos para pensar que la oposición le dará a Milei las herramientas que necesita. Y que este shock de primeras medidas –ya viene una segunda etapa- eran muy difíciles de implementar si se quería debatir cada una de ellas por parte de un Congreso mañoso y burocrático.

Aclarado ese punto, ¿se puede ir contra el sistema republicano en pos de un mandato otorgado por una mayoría del país?

Traducido, ¿Milei puede imponer todo lo que quiere porque ya lo había anunciado en la campaña y lo votó más del 55% de los argentinos?

Porque todo el decreto entra en vigencia ahora y quizás el Congreso termina rechazando todo dentro de varios meses.

Si le va Bien a Milei y se controla la inflación, será más difícil que el Congreso se oponga.

Si la gente está en las calles protestando y hay un clima de violencia, seguramente para senadores y diputados será más fácil rechazar el DNU.

Además, en los próximos días empezarán a verse presentaciones judiciales reclamando por la legitimidad de algunas disposiciones. Escucharemos mucho hablar de derechos adquiridos. Y es posible que la Corte Suprema de Justicia deba intervenir en presentaciones hechas por empresarios, gremios, cámaras e incluso estados provinciales.

Hay una cuestión que para algunos es filosófica. Para otros es esencial.

¿Qué es más importante, un presidente que tuvo el fuerte apoyo de una mayoría de la población para hacer cambios de fondo o el cumplimiento de las normativas?

¿Puede un presidente cambiar años de desaciertos respetando los tiempos de las propias instituciones que son parte del problema o debe ir en contra de principios constitucionales, dictados para respetar los derechos de todos?

El miércoles ya se veían personas con cacerolas. Hay un estado de aleta de varios sectores y algunos de ellos ya empezaron a movilizarse.

¿Milei terminará influenciado por ese descontento de la población, por el pedido de gobernadores de más fondos, por el reclamo de diferentes sectores?

¿O irá por el “todo o nada”?