- 21/06/2026
El mundo de la prostitución VIP en Buenos Aires
El mundo de la prostitución VIP en Buenos Aires opera de manera clandestina y descentralizada, enfocado en un sector de alto poder adquisitivo (empresarios, políticos y figuras públicas). La captación y oferta se realiza principalmente a través de redes sociales, plataformas digitales y agencias de modelos encubiertas.
La mayoría de las escorts VIP operan de forma autónoma o gestionadas por representantes, utilizando plataformas digitales de clasificados y redes sociales para publicitarse.
El primer contacto suele ser estrictamente a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Los encuentros se llevan a cabo en departamentos privados de lujo en barrios como Recoleta, Palermo y Puerto Madero, o en prestigiosos hoteles de cadena internacional.
El servicio trasciende las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires. Es común que los clientes financien viajes a destinos exclusivos en la Costa Atlántica (como Punta Mogotes o Pinamar), Uruguay (Punta del Este) o a nivel internacional, pagando por estadías, viáticos y un «cachet» por exclusividad.
El grupo de las mujeres suele estar conformado por modelos, promotoras o estudiantes universitarias. Las tarifas se cotizan frecuentemente en dólares estadounidenses y varían según la exposición pública, la exclusividad y el tiempo del servicio.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y expertos señalan que el término «VIP» hace referencia al estrato socioeconómico del cliente, aunque esconde situaciones de fuerte desigualdad estructural y relaciones de poder asimétricas.
En la Argentina, la prostitución en sí misma no constituye un delito penal. Sin embargo, el proxenetismo (lucrar con la explotación sexual ajena) y las redes de trata son delitos federales severamente penados.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los antiguos locales de alterne o «prostíbulos» se encuentran totalmente prohibidos. La actividad de las alternadoras en bares o establecimientos desvirtúa las habilitaciones comerciales, por lo que toda la organización se da de manera encubierta.
Organizaciones judiciales y sociales han documentado que el ambiente de la prostitución VIP es utilizado en ocasiones como fachada para el lavado de activos y el crimen organizado. Además, el sector es vulnerable a redes de captación engañosas que prometen carreras artísticas o desfiles internacionales, pero terminan derivando en explotación.
El Caso de Latin American Models
No todo es anonimato. La investigación judicial más emblemática y prolongada sobre prostitución VIP y trata transfronteriza en la región, fue elevada a juicio oral tras años de dilaciones.
El representante de modelos Leandro Santos y sus hermanos fueron procesados por captar jóvenes bajo falsas promesas de desfiles y proyección artística en Buenos Aires y Punta del Este, para luego introducirlas en un circuito de explotación sexual dirigido a clientes de alto poder adquisitivo.
Por su agencia de modelaje pasaron figuras que luego ganaron gran notoriedad en la televisión y el teatro de revistas, tales como Lola Bezerra, Sofía Clerici, Barby Franco, Luly Drozdek, Lourdes Sánchez y Gisela Berger. La justicia aclara que muchas de estas jóvenes ingresaron de forma engañosa, quedando bajo una asimetría de poder.
Este entramado adquirió una fuerte relevancia institucional en 2015 tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Al peritarse sus dispositivos y registros de viajes, se detectó que el funcionario mantenía un vínculo frecuente con un grupo de modelos publicitarias pertenecientes a la agencia de Leandro Santos, exponiendo de manera pública el nexo entre altos cargos del Poder Judicial y las agencias de acompañantes VIP.
El proceso judicial contra el representante de modelos Leandro Santos es el reflejo de cómo operan los lazos de poder en la prostitución VIP en Buenos Aires. Tras casi 15 años de apelaciones, recursos y disputas jurisdiccionales, la causa fue finalmente elevada a juicio oral en los tribunales de Comodoro Py.
La defensa logró frenar el avance del caso mediante el uso de recursos técnicos. En un principio, la Justicia de Uruguay solicitó su captura internacional y extradición. Sin embargo, en 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó la extradición, determinando que los delitos debían ser juzgados exclusivamente en territorio argentino.
El clan familiar (compuesto por Santos, sus hermanos y su madre) llega a debate oral procesado por asociación ilícita, trata de personas agravada con fines de explotación sexual y lavado de activos. El delito de lavado es un pilar clave, ya que se los acusa de blanquear el dinero obtenido de la explotación sexual a través de la estructura comercial de sus supuestas agencias de modelaje. Para la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), la delgada línea entre una actividad de acompañamiento comercial (las llamadas «presencias») y un delito federal de trata se define por tres elementos legales: el engaño en la captación, el control coercitivo y la vulnerabilidad.
La prostitución en tiempos mediáticos
Lejos del viejo sistema de prostíbulos físicos (prohibidos en Argentina), las redes VIP se trasladaron a entornos digitales.
Hoy en día, las agencias falsas no solo presionan para encuentros presenciales en hoteles de lujo, sino que explotan la vulnerabilidad mediante la administración y retención de ganancias en plataformas de contenido para adultos o transmisiones por streaming. Monitores o intermediarios manejan las finanzas y los tiempos de las víctimas, ejerciendo un control psicológico y económico que la Justicia argentina califica directamente como formas modernas de explotación sexual.
El caso entre el exfutbolista Diego Latorre y la fallecida mediática Natacha Jaitt, bautizado en los medios como el «PuntitaGate», fue uno de los escándalos más explosivos de la farándula argentina. Expuso de forma explícita las tramas de infidelidad, dinero y extorsión vinculadas al circuito de la alta sociedad.
La propia Jaitt declaró públicamente en varias oportunidades haber ejercido la prostitución VIP. Ella diferenciaba esta actividad del trabajo sexual convencional, señalando que involucraba altas sumas de dinero y clientes del ámbito empresarial, judicial, deportivo y televisivo.
A mediados de 2017 se difundieron masivamente capturas de pantalla, filmaciones de cámaras de seguridad y audios explícitos que confirmaban encuentros sexuales íntimos y clandestinos entre Diego Latorre y Natacha Jaitt.
Latorre, entonces un respetado exfutbolista y comentarista deportivo, estaba casado con la panelista Yanina Latorre. El caso paralizó los programas de espectáculos durante meses debido al alto nivel de detalles íntimos ventilados por Jaitt en televisión y redes sociales.
Ante la constante difusión de material y el quiebre de un pacto privado de confidencialidad y silencio, Diego Latorre, patrocinado por el abogado Fernando Burlando, denunció penalmente a Jaitt.
La Justicia avanzó con rapidez. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 40 procesó formalmente a Natacha Jaitt por el delito de extorsión. Según el expediente judicial, se determinó que la mediática había cobrado una suma inicial de 350.000 pesos y exigía más dinero en efectivo a cambio de no publicar videos íntimos adicionales.
Durante sus indagatorias, la conductora argumentó que estaba enamorada de Latorre y que el dinero pactado originalmente respondía a resarcimientos o acuerdos que la defensa del exfutbolista no había homologado correctamente.
El caso Latorre no fue un hecho aislado en la vida pública de Jaitt. Ella fue una de las voces más estridentes al opinar sobre la causa de Leandro Santos y Latin American Models, aportando definiciones desde adentro sobre cómo se manejaban las tarifas en dólares, el secretismo de los hoteles internacionales y el encubrimiento de los clientes de poder.
Su fallecimiento en febrero de 2019, en un salón de eventos en Benavídez bajo circunstancias que su familia continuó apelando e investigando en la Justicia, cerró abruptamente las causas penales en su contra, pero dejó abierto un denso debate sobre los secretos compartidos de la noche porteña.
El resonante “Caso Yategate” y el dinero “bien habido”
El exjefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, protagonizó uno de los mayores escándalos políticos recientes tras ser fotografiado en un lujoso yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici. Ante la posterior investigación penal por enriquecimiento ilícito y el secuestro de 600 mil dólares en su vivienda, Clerici presentó un escrito judicial admitiendo que sus ingresos provenían de su rol profesional como «acompañante de viajes», recibiendo grandes sumas de dinero y costosos regalos suntuosos. Cabe destacar que Clerici ya figuraba en los expedientes históricos de la agencia de Leandro Santos.
En su defensa citó postulados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el reconocimiento de los servicios personales y la industria del sexo. Argumentó que el dinero en efectivo encontrado en su casa (cerca de 600.000 dólares estadounidenses) correspondía a ahorros de esos trabajos y que no los declaró ante la AFIP debido a un «vacío legal», ya que la entidad impositiva no contempla un régimen fiscal o categoría específica para facturar servicios de acompañamiento.
Inicialmente la Justicia le negó los pedidos de devolución del dinero. Tras idas y vueltas con pedidos para ingresar esos fondos a regímenes de blanqueo de capitales, la Cámara Federal revocó los permisos de blanqueo y el dinero continúa secuestrado e inmovilizado bajo la órbita judicial debido a que aún no se acreditó de manera fehaciente su origen lícito.
Las acompañantes del fiscal Nisman
Tras el fallecimiento del fiscal federal Alberto Nisman en 2015, los peritajes de sus teléfonos y los registros migratorios revelaron fotos y vínculos asiduos con modelos vinculadas a la cuestionada agencia. Entre ellas se destacó a Florencia Cocucci, quien declaró judicialmente haber conocido al fiscal en boliches nocturnos donde la llevaban para realizar «presencias». Años después, Cocucci denunció penalmente a Leandro Santos por amenazas y hostigamiento para evitar que hablara ante la Justicia.
50 futbolistas de elite
Escándalo de la Agencia «Made Luxury Concierge» (Fútbol Internacional): La justicia penal investiga un masivo entramado de fiestas exclusivas organizadas por esta agencia que involucra directamente a más de 50 futbolistas de élite y jugadores de selecciones internacionales. La causa investiga la contratación de servicios sexuales VIP y consumo de estupefacientes en locaciones de lujo como Mykonos (Grecia) e Italia. Aunque muchos jugadores no se encuentran imputados formalmente por no cometer un delito directo, la filtración de la lista y los videos generó un fuerte cimbronazo mediático.
Las promotoras automovilísticas
En el plano local, la Justicia federal elevó a juicio una causa contra el empresario Raúl Roncayolo y Karina Juárez, acusados de liderar una red de sexo pago que operaba de manera estable dentro de los circuitos de carreras nacionales. La organización utilizaba la fachada de contratación de «promotoras» de marcas para luego someter a jóvenes vulnerables a esquemas de explotación sexual y castigos económicos si intentaban alejarse.
Abusos en las inferiores
Las acusaciones sobre el manejo de la noche porteña no se limitan solo a adultos. Figuras de la televisión nacional han enfrentado causas judiciales de extrema gravedad por abusos en las divisiones inferiores de clubes de fútbol (como el histórico caso del Club Atlético Independiente), así como las detenciones y condenas de productores y estrellas rutilantes de la televisión (como Marcelo Corazza o las denuncias públicas hacia Jey Mammón) vinculadas a la corrupción y explotación de menores.
